Una nota del diario republica hace ver estos hechos delictívos:
Denuncia. Los controles por el lavado de dinero son una oportunidad de negocios
Estudios jurídico-contables y notariales contra inmobiliarias de Punta del Este
Al menos tres bancos y cuatro muy importantes estudios jurídico-contables del país están en guerra contra las inmobiliarias de Punta del Este que apuntan a los mayores inversores del hemisferio norte. Así lo denunció a LA REPUBLICA Yucky Carreras, titular de una conocida inmobiliaria esteña.
Víctor Carrato | Punta del Este. Malestar de las inmobiliarias a raíz de esta situación.
Se sabe que con el fin de la feria judicial mayor, en los primeros días de febrero se presentarán demandas por estos hechos.
Muchas de las más grandes transacciones que se han realizado en Punta del Este a través de inmobiliarias han tropezado con el obstáculo de que cuando los inversores envían el dinero, algunos bancos les rebotan el giro, en el marco del control de lavado de dinero, aunque sin afirmarlo explícitamente y las transacciones sólo pueden hacerse efectivas si se hacen a través de cuatro muy importantes estudios jurídico-contables y notariales. A raíz de esta variedad de "tráfico de influencias" entre personal de determinados bancos y los estudios, se les ha estado solicitando a las inmobiliarias más importantes del principal balneario del Este comisiones descomunales (en algunos casos de hasta U$S 150 mil), incluso sin proporción con el monto de las transacciones.
Pero no sólo eso, también ha surgido una especie de competencia desleal que ha llevado en los hechos a que los estudios jurídico-contables pasen a operar como inmobiliarias, ya que demuestran tener la capacidad para permitir el ingreso del envío de las transferencias por las adquisiciones que se realizan. Las maniobras se producen al menos desde 2007, según confió Carreras.
El malestar entre las inmobiliarias de mayor peso en Punta del Este es grande y sostienen que la Asociación de inmobiliarias de Punta del Este (Adipe) ni siquiera se da por enterada de estos hechos, según se quejó Carreras. Adipe tiene por objetivo principal promover y desarrollar la inversión inmobiliaria y su área de influencia. La Asociación tiene su sede en Punta del Este, desde donde opera a nivel nacional e internacional, coordinando y asesorando las actividades de las inmobiliarias asociadas, y respaldando la actuación de las mismas en todas las operaciones que participan.
"De las propiedades que se venden en Punta del Este son la mayoría de los casos", aseguró Carreras. Esto significa decenas de casos de venta de propiedades a clientes extranjeros. "Se trata de clientes que desconocen el lugar y en base a que les dicen todo lo difícil que es enviar el dinero, porque el Estado confunde lo blanco y negro, lo que proviene del narcotráfico o no, los clientes son advertidos que los bancos les van a rebotar sus dineros enviados por las compras de propiedades inmobiliarias", agregó la empresaria.
En muchos casos ha sucedido que en la misma operación, con el mismo boleto de reserva para la adquisición de las propiedades en Punta del Este, determinados bancos han rebotado los giros, sin dar ningún tipo de explicaciones si ellos no llegan a través de ciertos estudios jurídicos-contables y notariales, en cuyo caso, son aceptados.
Incluso estos hechos se produjeron a través de giros de un mismo banco internacional a su filial en Uruguay. Se entiende que es la inmobiliaria la que maneja toda la transacción y la que presenta ante los bancos los documentos necesarios para justificar la operación. Sin embargo, más allá de la regulación que indica la necesidad de averiguar sobre el origen de los fondos que provienen del exterior, varias inmobiliarias aparecen como víctimas de rechazo de transferencias, sin justificación, que después son autorizadas si provienen a través de los estudios de peso en el país.
Los casos no se han centrado en clientes de países vecinos, sino más bien de aquellos del hemisferio norte entre los cuales residentes en Nueva York, Londres, Suiza; en definitiva, básicamente de Estados Unidos y Europa.
Las inmobiliarias perjudicadas argumentan que han presentado toda la documentación solicitada y pedido que se investigue el origen de los fondos, pero aún así, en muchos casos, el dinero no ha sido aceptado.
Las inmobiliarias manifiestan que los estudios están haciendo un uso abusivo de las nuevas regulaciones implantadas por el Estado sobre el control del lavado de dinero para quedarse con el negocio inmobiliario.
En muchos casos las inmobiliarias trabajaban recomendando a varios de estos estudios jurídico-contables y notariales para la realización de las escrituras. Alguno de ellos llegó a captar buena parte del personal de alguna inmobiliaria.
En otros términos, la credibilidad de las inmobiliarias de Punta del Este está siendo deteriorada, según Carreras, por algunos grandes estudios; se les cobra un peaje por las transacciones sin tener nada que ver con ellas y además se van quedando con los clientes.
