HAY MUCHO SILENCIO, QUE PASO CON LA SEÑORA DE HUIDOBRO, SE TAPO TODO.

 

ESTO QUEDO TODO TAPADO HOY…?

El 30 de julio de 2009 (hace ocho meses y nueve días) se publicó en el semanario Búsqueda una noticia titulada “El Hospital Maciel mantiene contrato con una empresa de la esposa de un senador aun después de constatar sobrefacturaciones millonarias”. Era una denuncia seria, que promovió que al día siguiente la magistrada Graciela Gatti, del juzgado contra el crimen organizado, asumiera competencia.

Desde entonces se han publicado centenares de noticias confirmando esas sobrefacturaciones millonarias. Se habla de un perjuicio para el Estado de $ 4.881.000. Informes del Tribunal de Cuentas, de Asse, y de los mismos peritos designados por la Justicia confirman la desviación. Y se confirma además que la “solución” que aceptó el director del Hospital no fue la lisa y llana devolución del dinero mal habido sino una inaceptable compensación en horas de trabajo, algo que no está siquiera contemplado en la legislación administrativa uruguaya. Y han aparecido además muchos elementos de juicio —como amenazas a testigos— que son típicos en los casos de “crimen organizado” pero que no parecen haber conmovido a la justicia.

Tras ocho meses y nueve días de actuaciones, no ha habido decisión alguna. Algo que es muy malo para la imagen de la justicia, porque alguien muy mal pensado —de ningún modo nosotros— podría inferir que la jueza Gatti asumió competencia inmediatamente no para aclarar sino para encubrir y dar largas al asunto. Ocurre además que, desde un principio, las responsabilidades que se investigan y que motivaron decenas de citaciones parecen ser solo aquellas en las que incurrieron funcionarios de menor jerarquía, cuando aparecen claras y confesas responsabilidades mucho más arriba.

En primer lugar parece que no se han tenido en cuenta dos documentos que debieran encabezar el expediente: el reportaje que el diario “El Observador” le realizó al Senador Fernández Huidobro el 2 de agosto de 2008 —todavía se puede consultar en Internet— y el reportaje que el programa Asuntos Pendientes de Radio El Espectador le realizó al mismo declarante el 2 de octubre de 2008, y que se puede escuchar y ver en video en http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=163463&sts=1

En ambos casos, el Senador Huidobro confiesa que la empresa que asumió la limpieza del Maciel nació en su casa, cuando el director del Hospital fue a atender su salud y le propuso a su esposa que la creara. Es decir, el director del Hospital, cabeza administrativa del mismo, aparece comprometido con la formación de una empresa que debía contratar con el Hospital. ¿Puede ser esto regular? ¿Es que un jerarca de la administración puede participar de la génesis de una empresa que va a contratar? ¿Ese hecho no explicará que luego de un período de contratación directa la empresa fue la única oferente en una licitación cuyo pliego se elaboró “de medida”? El mismo Huidobro lo confiesa en el reportaje de El Observador. Sus palabras textuales son “¿A qué empresa común le puede interesar ganar una licitación que incluya dar cursos de sindicalismo?” En otros tiempos menudeaban los procesos por “abuso innominado de funciones”. Aquí parece ocurrir algo peor, pero seguimos sentados esperando. Ni siquiera ha habido medidas administrativas.

El torcido nacimiento de la empresa en realidad podría explicarlo todo de modo cristalino para cualquier observador, por más que la jueza Gatti no haya conseguido desentrañar en ocho meses y nueve días las verdaderas responsabilidades del caso. Porque solamente el nacimiento en casa de un senador que es correligionario político, bajo el padrinazgo de su esposa, puede explicar lo de las sofisticadas condiciones del llamado a licitación y la tranquila irresponsabilidad con que se realizaron pagos que no correspondían a favor de Clanider, integrante del grupo Arles, este último propiedad de la esposa de Fernández Huidobro (de quien no se sabe si tiene separación de bienes, porque de lo contrario los beneficios le pertenecen a medias). Sin este hecho tampoco se explica la generosidad con los sobrefacturadores, a los que no se les reclamó el dinero en efectivo sino solamente la devolución en cuotas y con trabajo. Pavada de favoritismo.

Las denuncias periodísticas que se han visto sobre el caso también señalan que los cargos en Clanider fueron provistos en clubes del MPP. Una maravillosa operación de clientelismo a dos bandas, o si se quiere de “clientelismo ilustrado” porque el Estado les iba a pagar el sueldo pero a través de interpósita empresa. En cuanto a las amenazas, hubo varios testimonios que después se acallaron. El crimen organizado consigue hacer eso, especialmente con gente con grandes necesidades económicas y expuestas muy claramente a cualquier tropiezo en la vida. En esa materia es desgarrador el testimonio de una limpiadora a la que se le obligaba a ir a trabajar, en lugar del hospital, en la casa de la suegra del Senador.

Por otra parte, hay un gran tema del que nunca se habló, y que debiera aclararse ¿Es que alguien supervisó o controló los “cursos” que justificaron una contratación con sobreprecio? ¿Existieron? ¿Consistieron en un lavado de cerebro? ¿Quién de Asse o del MSP fue a verificarlo, siendo una condición de la licitación? ¿La justicia investigó este aspecto, ya que la ausencia de los cursos podría tipificar un fraude?

Lamentablemente la justicia demora mucho y parece estar más interesada en los aspectos más chivo expiatorios del tema. En este caso no se trataba de la esposa de Juan Justo Amaro. Se trataba de la de Fernández Huidobro. Un hombre que en un momento fue capaz de matar por sus posiciones y que hoy no tiene ni puede tener el menor prurito de mentir por ellas. Ningún simpatizante blanco o colorado era el director del hospital, sino ya lo hubiera pagado muy caro y hace unos cuantos meses.

Lo que interesa, en fin es señalar el contraste. Un contraste que podría llevar a alguien muy pero muy mal pensado —por supuesto que no nosotros— a creer que la justicia en Uruguay empezó a estar flechada. “Raro no…?