Periodista Independiente: José Abel Zarza Recibí una nota de un Senador Ope Pasquet del Partido Colorado y me pareció bien hacer alguna reflexión sobre algún detalle muy personal, solo mirando por la óptica del interés de cada quien, y hoy parece ilógico pero tiene su fundamento en cuanto a que cada quien trabaje donde más le reditúan. Solo pregunto porque dicen que los anestesistas están no cumpliendo con los hospitales públicos, pues porque en los sanatorios, mutualistas privadas se les paga mucho más, o sea que se van, renuncian… De los hospitales del estado para ganar más dinero en otro sitio donde lo reitero, se les paga mucho más, USTED NO PENSARÍA IGUAL… Es algo muy de cada persona que vive y trabaja por y para su familia, y cada persona busca su preferencia. Pero es lógico que los hospitales tengan Anestesistas ya que es fundamental y prioritario, Nos preguntamos porque sucede esto en este gobierno Frenteamplista, Esto ya es demasiado cuidado que no suceda lo que hoy pasa en Venezuela ya que viene muy seguido al Uruguay y parece que esto de nuevas leyes y decretar se a puesto de moda, esperemos por el bien de la libertad y la democracia de este país que no suceda, QUE LES PARECE. (Ideas del presidente Chavez)
Los anestesistas serán obligados a operar en hospitales, por ley Emergencia sanitaria. La nueva norma establece que los médicos convocados deberán cumplir en el sector público el 20% de las horas que destinan al privado Hay dudas sobre su constitucionalidad.
HABLA UN BLANCO:
En tanto, Francisco Gallinal (CW) señaló que el ministro Olesker tendría que estar golpeando la puerta del Parlamento para ser escuchado porque es la esencialidad
dentro de su órbita. "En la Facultad de Medicina es mentira
HABLA EL ESPOSO DE LA ENCARGADA DE CLANIDER (Recuerdan Hospital Maciel) y tambien fue del FILTRO mucho antes, QUE CORRUPCIÓN...
Dijo Fernández Huidobro (Espacio 609). Agregó que son "corporaciones bien medievales que hasta son secretas, porque no quieren transferir sus conocimientos y porque además dan lugar a todo tipo de acomodos. Si no sos primo, tío, hermano, amigo, hijo, por eso tienen 53 años de promedio: es lógico, no quieren largar la teta. Se van a morir prendidos de la teta esa, los vamos a tener que sacar de ahí en el cajón de Martinelli, y van a tratar de seguir chupando".
Que la enseñanza es gratuita. Y que es universal y que no hay matrícula, eso es un verso. En la Udelar hay matrículas, y el problema es que estas matrículas las bancan estas corporaciones. Definen cuántos oftalmólogos van a entrar, cuántos anestesiólogos van a haber en este país. Definen las políticas del país en materia de salud"
ESTO PASO EN EL TEMPLO DEL PARLAMENTO:
Un Cierre agitado del período legislativo
Como sucede cada 15 de diciembre, los legisladores clausuraron ayer el período ordinario de sesiones. Pero el receso será levantado varias veces en los próximos días. Por lo pronto, esta tarde la Cámara de Diputados sesionará para votar la ley de emergencia sanitaria. La sesión tendrá un ingrediente especial: el senador Ernesto Agazzi anunció que, ante los reclamos de la oposición, estará presente en sala el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, que responderá dudas. Antes de Navidad, la Cámara de Diputados aprobará los cambios al Presupuesto. Entre otros temas, el Senado tiene previsto tratar el pedido de renuncia para el senador frenteamplista Ramón Fonticiella, que ayer anunció en sala el senador nacionalista Luis Alberto Heber.
ASSE: gestiones en Buenos Aires
El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mario Córdoba, viajó ayer a Buenos Aires, y según dijeron a El País fuentes de ese organismo, lo hizo para entablar los primeros contactos con las autoridades sanitarias de Argentina en caso de que sea necesario contar con sus especialistas para atender la emergencia sanitaria local.
Las mismas fuentes señalaron que el presidente José Mujica se habría comunicado con su par argentina, Cristina Fernández, para avisarle que partía rumbo a Buenos Aires una delegación sanitaria con ese objetivo. Sin embargo, ayer el ministro de Salud, Daniel Olesker, dijo que la posibilidad de traer especialistas desde el exterior la descarta "en lo inmediato" porque apuesta a una solución interna. Pero enseguida dijo: "Acá hay un problema de oferta. Y entonces no se puede descartar ninguna solución". El martes el propio Olesker dijo que se podría adoptar una medida similar como la dispuesta en el Hospital de Ojos cuando se trajo a oftalmólogos cubanos para operar.
Ope Pasquet: La gran mayoría de los legisladores colorados, tanto de Vamos Uruguay como de Propuesta Batllista, votamos a favor de la Ley de Emergencia Sanitaria que faculta al Ministerio de Salud Pública “a convocar al personal integrante del cuerpo médico y auxiliares de la medicina que considerare necesario para atender la emergencia sanitaria que se declara, quienes deberán cumplir funciones en los Establecimientos Públicos de asistencia por hasta un 20% (veinte por ciento) de las horas que realizan en las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva” (artículo segundo de la ley).
El problema que la ley pretende resolver, siquiera provisionalmente, es grave y complejo. Lo primero, porque atañe a la salud y acaso a la vida de muchas personas y ha suscitado alarma pública; lo segundo, porque resulta de varias causa y no de una sola. Hubiésemos querido referirnos a estas cuestiones, así como desarrollar los argumentos que a nuestro juicio demuestran la constitucionalidad de la ley. No pudimos hacerlo. El oficialismo volvió a forzar el tratamiento del tema como “grave y urgente”, sin dar tiempo a su estudio en Comisión, ni al debate siquiera, porque en el Senado se discutió bajo la presión del reloj (a las 19 horas estaba citada la Asamblea General). Este “modus operandi” de la bancada de gobierno, prepotente y descortés, genera problemas que sería fácil evitar. Las protestas de varios senadores de la oposición contra esta forma de actuar han sido desatendidas. Que nadie se haga el sorprendido, después, si el clima político se deteriora.
Pero volvamos al asunto. Estamos ante una emergencia sanitaria. Hay enfermos cuyo tratamiento requiere intervenciones quirúrgicas que no se realizan porque, según dice el Poder Ejecutivo en la Exposición de Motivos adjunta al proyecto de ley, “desde hace varios meses la cobertura de horas de anestesia en los Hospitales del Área Metropolitana ha experimentado un descenso progresivo, expresándose con mayor gravedad en el Centro Hospitalario Pereira Rossell y en el Hospital Maciel”. Cuando asistió a la sesión de la Cámara de Diputados en la que se trató el proyecto, el ministro Olesker aportó las cifras que cuantifican la emergencia. La prensa ha venido informando, en las últimas semanas, de casos de personas afectadas por la situación, poniéndole así nombres, rostros, voces y angustia a las estadísticas. En declaraciones al diario El País que se publican hoy, viernes 17, uno de los voceros de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay dijo: “Queremos contribuir a resolver esta situación de emergencia”. La emergencia existe, pues; no es una fantasía.
Otra cuestión es la de cómo se generó el problema y –la gran pregunta de siempre- de quién es la culpa. Seguramente, el Ministerio de Salud Pública y ASSE tienen una gran cuota de responsabilidad por este estado de cosas que se arrastra desde hace meses, aunque el ministro Olesker no se haya referido a él cuando fue al Senado hace algunas semanas y durante varias horas desarrolló interminables variaciones sobre el conocido tema “tout va tres bien...”.
Pero hoy por hoy, la cuestión no es quién tiene la culpa sino cómo se atiende la emergencia. Para ello se requiere, entre otras cosas, el concurso de personal médico especializado. Lo que la ley dice es que el Ministerio de Salud Pública podrá convocarlo a trabajar en los Establecimientos Públicos, en los términos del artículo segundo transcripto (parcialmente) al comienzo de esta nota.
La ley está de acuerdo con la Constitución. Están en juego derechos fundamentales (derecho a la vida y a la salud) que el Estado debe defender. Está en juego también la tranquilidad pública, porque es evidente que la emergencia sanitaria genera alarma social. Ante esta situación, la pasividad de los gobernantes lesionaría el prestigio de las instituciones a las que ellos representan. El Estado tiene que actuar, en defensa de la salud y de la tranquilidad de la población. Lo hace por intermedio de la ley, que es el instrumento que corresponde usar cuando se afectan derechos fundamentales (sin perjuicio de que, según las circunstancias, pueda recurrirse también a las medidas prontas de seguridad del Art. 168, numeral 17º. de la Carta).
Las personas, por otro lado, tienen derechos pero también tienen deberes; entre otros, sin duda, los que la Constitución expresamente establece (como el deber de “aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la comunidad”, artículo 53), y también los que “son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno” (artículo 72).
Estoy convencido de que la interpretación armónica de todas estas disposiciones habilita la sanción de la Ley de Emergencia Sanitaria. Nuestra Constitución no dice que el Estado deba permanecer cruzado de brazos, ni aceptar demandas extorsivas de nadie, mientras hay gente en peligro de morirse por falta de atención médica en los hospitales públicos. Si la propia Constitución permite que, ley mediante, se imponga a las personas la prestación de “auxilios”, “de la clase que fueren”, a los ejércitos (y no tiene por qué ser en tiempo de guerra), recibiendo luego la correspondiente indemnización (artículo 35), es claro que mediante ley se puede también imponer a un grupo de profesionales la prestación de los servicios propios de su profesión para enfrentar una emergencia sanitaria que pone en peligro derechos fundamentales individuales y colectivos. Todo ello por un tiempo (120 días, artículo cuarto de la ley), a cambio de una remuneración (artículo segundo) y, en mi opinión, sin perjuicio de la reparación que corresponda, si se acredita que la medida causó daños que exceden el monto de la remuneración prevista por la ley.
Si esto lo hubiera hecho un gobierno colorado, la izquierda nos estaría tildando de “fascistas” y proclamaría la reinstauración del “pachecato”. Pero como lo hace el gobierno de Mujica y del Frente Amplio, está todo bien (la izquierda, así como estigmatiza, santifica).
No importa. En el gobierno o en la oposición, somos fieles a las convicciones de siempre. Debe usarse la autoridad del Estado, dentro de la Constitución y de la ley, para defender a la población.
Si no, ¿para qué existe el Estado?
